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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de agosto.- La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió a los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que no serán toleradas las retenciones de ningún tipo y que no habrá mesa de diálogo con estas agrupaciones hasta que existan condiciones de respeto irrestricto a las instituciones del Estado mexicano.
Se informó que durante el encuentro realizado ayer, el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Luis Enrique Miranda, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, condenaron los hechos ocurridos en el municipio de Tecoanapa, Guerrero, cuando funcionarios de gobierno y del Ejército permanecieron retenidos por habitantes de la localidad tras la detención de un policía comunitario con cinco armas en El Pericón, localidad de ese municipio.
“Lo anterior con independencia de las denuncias penales que procedan ante las autoridades competentes, con el propósito de que se castigue a los responsables de los hechos con todo el rigor de la ley”, informó la Secretaría de Gobernación.
En la reunión, efectuada en la sede de la dependencia, se realizó entre el gobernador de Guerrero, representantes de la dependencia federal e integrantes de guardias comunitarias, quienes afirmaron que no exigen la salida del Ejército de la región, sino se manifestaron por alcanzar convenios con el fin de dar solución a los problemas que aquejan al estado.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, detalló que durante la reunión sostenida en la sede de la Segob, expuso que no buscan la confrontación, sino la conformación de acuerdos para que las poblaciones guerrerenses sigan adelante.
“No veníamos a rescatar las armas ni a pedirlas, solamente veníamos a buscar la relación de respeto que debe haber entre el gobierno y nosotros, ésa es la parte fundamental, el respeto para todo, porque si no de nada sirve algo material si nos van a seguir humillando, si nos van a seguir confrontando, lo que buscamos primero es el respeto, la coordinación y la relación que debemos tener”, manifestó el dirigente de la organización.
Explicó además que las autoridades federales pidieron a las organizaciones de guardias comunitarias presentar pruebas suficientes de las acusaciones realizadas contra elementos castrenses por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
Bruno Plácido anunció que las comunidades que lanzaron la acusación ya están recabando las pruebas para inculpar a un capitán y en cuanto la información quede completa será canalizada a la autoridad correspondiente.
Plácido Valerio sostuvo que la propuesta que presentarán ante las autoridades locales y federales en las próximas semanas no tratará el tema de las armas y se centrará exclusivamente en la forma de relacionarse y coordinarse con los ámbitos de gobierno.
El dirigente del movimiento de autodefensa que encabeza una comisión de 32 integrantes de la UPOEG dijo que la violencia en Guerrero se debe al “abandono en que se encuentra el estado”.
En tanto, en entrevista con Pablo Hiriart para Grupo Imagen Multimedia, el dirigente se negó a explicar por qué impidieron la salida de un centenar de elementos castrenses de esa comunidad.
Asimismo, rechazó que se haya dado un ‘canje’ o negociación para liberar a los soldados, y dijo que fue producto del diálogo con el gobierno federal.
Por otra parte, el gobierno federal reiteró su apoyo y compromiso con el gobierno del estado de Guerrero para seguir implementando diversas obras de carácter social y productivo.
Se informó también mediante un comunicado de prensa que el gobernador del estado expresó el reconocimiento del pueblo de Guerrero y de su gobierno a la labor social y de seguridad que ha venido brindando el Ejército mexicano a los guerrerenses.
El lunes pasado, después de que integrantes del Ejército detuvieran a un comandante de la Policía Comunitaria de la Costa Chica por tener en su poder cinco armas no permitidas, habitantes de Tecoanapa bloquearon tres salidas de la localidad para impedir que los militares pudieran abandonar la zona.
El representante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero UPOEG en esa zona, Gonzalo Torres, señaló que había un acuerdo con el gobierno del estado para que la Policía Comunitaria no fuera desarmada y el gobierno no está cumpliendo con este acuerdo.
Los hombres impidieron la salida de alrededor de 60 militares por 36 horas. El gobierno dijo que no era negociable la devolución de las armas.
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