CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre.- El presidente Enrique Peña Nieto propuso ayer a la Cámara de Diputados reformar la Constitución para garantizar la protección y trato digno a los adultos mayores, que incluye la entrega de una pensión mensual de mil 200 pesos a quienes carecen de protección social, así como para crear el seguro de desempleo para los burócratas y empleados del sector privado.
Se trata de la propuesta presidencial para crear el Sistema de Seguridad Social Universal.
“El Estado protegerá los derechos de los adultos mayores, velará por que vivan con dignidad y seguridad y reciban servicios de salud; promoverá su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad, y establecerá mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra.
“Los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión”, precisa la propuesta de reforma al artículo cuarto constitucional.
La propuesta para modificar el artículo 73 constitucional consiste en facultar al Congreso a legislar en esta materia, ya que el mandatario propone la Ley de la Pensión Universal, y en el 123 constitucional se establece el seguro de desempleo, para el cual también propuso una ley.
Para el caso de los adultos mayores, la nueva Ley de la Pensión Universal establece que todos los mexicanos que carezcan de un régimen de protección social tendrán derecho a la pensión universal, que será de mil 200 pesos mensuales en 2014, con la revisión anual de la tasa.
Tendrán derecho a ella quienes cumplan 65 años de edad a partir del año 2014 y no tengan el carácter de pensionados y residan en territorio nacional. Tratándose de extranjeros, será requisito haber residido por lo menos 25 años en territorio nacional, estar inscrito en el Registro Nacional de Población (Renapo) y tengan un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, para lo cual realizarán la declaración correspondiente, bajo protesta de decir verdad; de lo contrario, se aplicará una multa de 300 días de salario mínimo y la obligación de regresar al Estado el dinero que les haya entregado.
Precisa que “el requisito de edad a que se refiere la fracción I, del artículo 4 de esta ley, se ajustará cada cinco años a partir de su entrada en vigor, a la edad que resulte de aplicar el factor de 0.87 a la última proyección de la esperanza de vida general al nacer, publicada por el Consejo Nacional de Población. En caso de que la edad de dicho ajuste resulte en un número fraccionario, ésta se recorrerá al número entero inmediato superior”.
Para el caso de la Ley del Seguro de Desempleo, precisa que consistirá en “máximo seis pagos mensuales, divididos en dos etapas. La primera etapa comprende los dos primeros pagos, por un monto establecido con base en el promedio de las últimas 24 cotizaciones, correspondiente a 60% para el primer pago y 50% en el segundo pago. Para los cuatro pagos siguientes, el monto mensual será equivalente a 40% del salario promedio antes descrito”.
Prevé que la administración y operación del seguro de desempleo estará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Tendrán acceso quienes hayan cotizado al menos 24 meses en un periodo no mayor a 36 meses a partir de su afiliación o desde la fecha en que se devengó el último pago mensual de esta prestación, quienes hayan permanecido en condición de desempleo al menos 45 días naturales, quienes no perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, apoyo por desempleo u otro de naturaleza similar y quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos de los programas de promoción, colocación y capacitación de la Secretaría del Trabajo.
Replantean la recaudación en ámbito local
La propuesta de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto establece que los gobiernos de los estados se queden con el ISR de sus burócratas, así como los impuestos a bebidas alcohólicas y tabaco, mientras que los municipios se queden con un mayor porcentaje del impuesto predial, a fin de que cuenten con mayores recursos y no recurran más al endeudamiento público.
Propone también la creación de “un Fondo de Estabilización de los recursos que corresponden a las entidades federativas por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Fexhi).
“En términos generales, los fondos de estabilización constituyen una forma de acumular recursos que permiten a los gobiernos compensar las posibles caídas en los ingresos públicos y evitar la afectación consecuente sobre el gasto público.
“El Fondo de Estabilización que se propone se alimentará con un porcentaje determinado de los ingresos excedentes del Fexhi, respecto de lo estimado y calendarizado anualmente.
“Dicho Fondo de Estabilización tendrá por finalidad compensar la disminución en la ministración de los recursos obtenidos por el Fexhi respecto de la estimación y calendarización referida. Las entidades federativas que reciben recursos del Fexhi podrán participar en el mismo de manera voluntaria”, precisa la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que ayer envió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados.
Precisa que no se incluirán en la recaudación federal participable los derechos, adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo; el ISR por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, así como de sus organismos descentralizados y autónomos.
Tampoco los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal; el impuesto sobre automóviles nuevos; la parte de la recaudación correspondiente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en que participen las entidades en los términos del artículo que se refiere a impuestos de cervezas, refrescos, tabaco y bebidas alcohólicas (3º.- A).
De igual forma, quedarán excluidos de los ingresos el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 133 y 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para terminar con la doble negociación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una con la Federación y otra con los gobiernos de los estados, y evitar así el deterioro financiero de las entidades federativas.
