MADRID, 4 de enero.- Más de 60 miembros de labanda terrorista ETA puestos en libertad en los últimos meses por la Justicia española pidieron una "solución integral" para el País Vasco, que incluya el reconocimiento del "derecho a decidir" de los vascos.
En un controvertido acto celebrado en la ciudad de Durango, en la provincia de Vizcaya (País Vasco), José Antonio López Ruiz, Kubati, condenado a mil 210 años de cárcel, de los que cumplió 26 años en prisión por 13 asesinatos, leyó un comunicado en nombre de los excarcelados y mediadores de los presos de ETA en el que formulaban sus peticiones.
La solución del conflicto vendrá del desarrollo de un planteamiento integral. Atendiendo a la misma raíz política y eso debería concretar el derecho a decidir que tiene el pueblo vasco", dijo Kubati.
En el texto leído durante el acto, los excarcelados consideraron urgente solucionar el caso de los etarras que siguen en prisión y aceptaron su responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto.
Sin embargo, los ex presos no manifestaron arrepentimiento ni han pedido el desarme y la disolución de ETA, a la vez que aseguraron haber sido víctimas de "las leyes y medidas de excepción".
Expresaron su compromiso total con el nuevo escenario político abierto en el País Vasco tras la renuncia de ETA a la violencia y la apuesta por el diálogo, y manifestaron su total conformidad con el comunicado de diciembre pasado en el que Colectivo de Presos de ETA (EPPK), en el que reconocían el "sufrimiento y daño multilateral" causado y aceptaban someterse a la legalidad penitenciaria.
Como Kubati, otros miembros de ETA fueron excarcelados después de que la Justicia española derogase la llamada Doctrina Parot, una práctica por la que se alargaba la permanencia en la cárcel de autores de crímenes graves.
Esta derogación respondió a un dictamen en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la retroactividad de la Doctrina Parot. En España, la mayor pena contemplada en el código penal son 30 años de cárcel, que pueden ser reducidos por beneficios penitenciarios.
Asociaciones de víctimas del terrorismo habían pedido la prohibición de este acto celebrado hoy, pero el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó esa petición una media hora antes de su comienzo al afirmar que no apreciaba delito de enaltecimiento del terrorismo en el mismo, aunque pidió a la policía regional vasca que vigilase el desarrollo del evento.
En un auto judicial, después de que la Fiscalía se manifestara el viernes en el mismo sentido, el magistrado quiso aclarar el tema, dada la repercusión mediática del acto y la confusión que ello provoca en la ciudadanía.
En este sentido, sostuvo que no prohibir el acto "no significa que el juez 'consienta', 'autorice' o 'permita' la reunión", ya que la Constitución establece que el derecho de reunión y manifestación no requiere autorización previa.
Eso solo acontece en regímenes dictatoriales y además, llanamente, el Poder Judicial no está para eso, sino para lo que establece la Constitución", añadió.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia calificó el acto de "humillación" y "bochorno", así como de la "mayor vergüenza ocurrida en España" y un ejemplo de "impunidad de ETA permitida por parte de la Audiencia Nacional".
jrr
