BUENOS AIRES, 26 de abril.— La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer, al término de una maratónica sesión, dos leyes que integran una polémica reforma judicial impulsada por la presidenta Cristina Fernández y que es duramente rechazada por la oposición.
El oficialismo hizo valer su mayoría al sancionar una ley que limita las medidas cautelares contra el Estado, que se enmarca en una prolongada disputa judicial del gobierno con el grupo Clarín, y otra que crea tres cámaras de casación (apelación de tercera instancia) cuyo objetivo es aliviar la acumulación de causas en la Corte Suprema, según el gobierno.
En ambos casos, los partidos opositores se retiraron
durante la sesión plenaria.
La votación se realizó tras casi 21 horas de sesión, que comenzó con un extenso debate que finalizó en escándalo por otro proyecto aprobado, aunque con media sanción ya que debe ser refrendada por el Senado, que eleva de 13 a 19 los integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y remueve jueces, e introduce el voto popular para designar a 12 de ellos (tres jueces, tres abogados y seis académicos).
La reforma de las cautelares limita los plazos para que este recurso no exceda los seis meses de aplicación, prorrogables por otros seis, y además pretende que los jueces escuchen no sólo al demandante sino también al Estado antes de resolver un amparo.
El gobierno ha denunciado abuso de medidas cautelares en el marco de tres años de batallas judiciales con el grupo Clarín, que logró frenar con un amparo cautelar la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales, que obligaría al más fuerte grupo mediático argentino a hacer una fuerte desinversión.
La llamada “democratización de la justicia” impulsada por Cristina consta de seis proyectos, dos de los cuales acaban de ser aprobados por los diputados, mientras que el Senado votará en mayo las restantes cuatro iniciativas.
El Senado, también controlado por el gobierno, votará un proyecto que regula el ingreso a la carrera judicial, otro que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema, y la que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales, además de la modificada ley del Consejo de la Magistratura, que vuelve de diputados.
