CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo.- El abandono del campo, donde viven seis de cada diez mexicanos pobres, tiene cara de violencia por conflictos agrarios que, en algunos casos, llevan más de 40 años.
Invasión de terrenos, falta de definición de límites territoriales y nula certeza jurídica en la tenencia de la tierra son algunos de los asuntos pendientes que generan inestabilidad social.
En pleno siglo XXI, el sector rural se tiñe de rojo por enfrentamientos entre comunidades enteras, las cuales a veces pelean hasta la muerte por un predio para edificar una vivienda, sembrar o conseguir un poco de agua.
Organizaciones campesinas aseguran que existen cerca de cinco mil conflictos agrarios, mismos que son un verdadero polvorín en 31 estados del país, incluido el Distrito Federal. Sólo uno se salva: Aguascalientes.
Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), relató que en diciembre pasado fue asesinado a balazos uno de sus dirigentes en Campeche, Alejandro Ruiz Mosqueda, aparentemente por la posesión irregular de un terreno ocioso, propiedad de la nación que, hace algunos años, varios de sus compañeros ocuparon para sembrar.
El líder campesino señaló que las tierras confiscadas al narcotráfico son una nueva realidad, ya que la gente las toma para trabajarlas y después son reclamadas por sus dueños originales, lo que origina un conflicto agrario.
“Nosotros estimamos que hay alrededor de 300 mil hectáreas confiscadas por actividades ilícitas. Entonces, los campesinos, al ver que las tierras se encuentran ociosas o las fincas comienzan a deteriorarse, ingresan para hacerlas producir. Es ahí es donde empieza el nuevo conflicto agrario, porque muchas veces, la PGR pierde los juicios y el Poder Judicial ordena la restitución de las propiedades a sus dueños”, explicó.
López Ríos denunció que en los 12 años de gobiernos panistas hubo falta de “voluntad política, torpeza e inexperiencia” para solucionar las disputas por tierras.
El sexenio pasado, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se jactaba de resolver un conflicto agrario cada 48 horas.
Según la Memoria Documental del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de 2006 a 2012 se resolvieron 949 casos en beneficio de 107 mil 436 campesinos.
Las hectáreas en litigio eran 322 mil 662 en 27 estados de la República, lo que representó el pago de tres mil 794 millones 991 mil 973 pesos en contraprestaciones.
Lo anterior quiere decir que cada conflicto agrario costó al erario tres millones 998 mil 937 pesos en promedio, pero no es suficiente, ya que el rezago es mayor.
Diferentes actores del sector rural consideran que la solución que debe poner la SRA, ahora nombrada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pasa por una decidida voluntad política y una importante inversión de recursos económicos, la cual debe demostrar que el cambio de nombre no es sólo para seguir igual.
Max Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), indicó que para desactivar los conflictos agrarios —que deben tratarse como “asuntos de seguridad nacional”— siempre debe haber una contraprestación, “porque alguna de las partes tiene el mejor derecho, pero también una de las partes tiene la posesión del terreno”.
Manifestó que el origen de las disputas por tierras es la propia necesidad que persiste en el campo, de acceder a predios como un derecho al trabajo, que es un derecho humano.
Marco Antonio Ortiz, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), agregó que en medio de los enfrentamientos por un pedazo de tierra también hay acciones de corrupción, protección y tráfico de influencias, donde se encuentran involucrados ex funcionarios de la SRA o de la Procuraduría Agraria.
“Está el asunto de Chimalapas (límites entre Oaxaca y Chiapas), donde se pagó más de tres veces el costo de los terrenos a personas que ni siquiera tenían tierras ahí, y de todos modos seguimos teniendo el conflicto en Chimalapas, donde incluso ex funcionarios de la Reforma Agraria se fueron a vivir durante un tiempo allá para disque solucionar el problema”, comentó.
El dirigente de la Coduc sentenció que para terminar con los conflictos agrarios se requiere un gran acuerdo, “y que podamos todos los actores sentirnos satisfechos y entonces sí dedicarnos en santa paz a que la tierra sea productiva”.
El Escalón
En el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hay un caso que llama la atención. En la comunidad de El Escalón, un grupo invasor tiene atemorizadas a las familias y los enfrentamientos ya tuvieron un desenlace trágico, con la muerte de cinco personas —dos de un bando y tres del otro—.
Julia Gómez, habitante del poblado, aseguró que desde hace cinco años la vida en el lugar es insoportable, debido al clima de violencia e inseguridad generado por la llegada de personas “que ni siquiera hacen producir las tierra, sino que sólo se dedican a talar los bosques y vender madera de manera ilegal”.
“Cada que empieza el problema se resguarda a los niños; ya no puedes caminar, no podemos pasar, porque salen con machete y palo, y al palo le ponen clavo.”
A pesar de que no existe duda sobre quiénes son los verdaderos poseedores de las 14 hectáreas en disputa, porque la comunidad de El Escalón tiene títulos de propiedad, planos y pagos de predial, ninguna autoridad hace nada para resolver el conflicto que podría seguir escalando y producir más defunciones.
El área ocupada desde 2007 era una reserva del poblado, donde existe un pozo en el que las familias solían abastecerse de agua, pero ahora tienen que ir más lejos para poder cumplir sus necesidades básicas.
Excélsior realizó un recorrido por la zona del conflicto, y al ser acompañados por habitantes de El Escalón, inmediatamente comenzó la tensión. Niños y mujeres dieron la voz de alerta, por lo que hombres en actitud hostil salieron a nuestro encuentro.
Después de un diálogo ríspido en tzotzil, entre los representantes de la comunidad y los “invasores”, quienes ya solicitaban refuerzos a través del teléfono celular, tuvimos que salir del sitio para evitar más derramamiento de sangre.
Patricio Díaz, habitante de El Escalón, quien ya resultó herido en la cabeza durante una refriega por el terreno, hizo un llamado al gobierno federal para que ponga una solución al conflicto, “porque nosotros queremos vivir tranquilos, y aunque somos más que ellos, ya no queremos más violencia”.
Lázaro Cárdenas
Viajamos hacia el suroeste de Chiapas y llegamos a la Reserva de la Biosfera La Sepultura, en el municipio de Villacorzo, un área natural protegida donde viven 72 familias, quienes en 1994 fundaron la comunidad de Lázaro Cárdenas. Miguel Méndez Luna, representante del poblado, aseguró que la gente llegó hasta esta parte recóndita de la entidad, donde el acceso es muy difícil, por la necesidad de tener una tierra donde trabajar.
“Estamos llorando por las tierras, porque la gente tiene necesidad, si no tenemos un pedazo de tierra ¿cómo vamos a comer?, porque nosotros no tenemos ni sueldo, tenemos que trabajar la tierra, cosechamos maíz, frijol y café”, detalló el hombre.
Los pobladores de este sitio, el cual tiene dueño y que exige una indemnización por su terreno, construyeron una escuela con el apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que hace la función de preescolar y primaria, además de que cuenta con una rústica cancha de basquetbol.
Las familias reciben apoyos de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como Oportunidades y Piso Firme.
Con ayuda de un traductor, María Méndez, de la etnia tzotzil, pidió a las autoridades competentes que lleguen a un acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el particular, poseedor legítimo de las tierras, para que haya un pago de indemnización y ellos puedan vivir en paz, conviviendo con la naturaleza.
“Nosotros queremos que paguen el terreno para vivir tranquilos, felices y sin preocupaciones... nosotros no nos pensamos salir, aquí nos vamos a quedar”, advirtió.
El compromiso de la comunidad es no crecer, no recibir a más familias y cuidar el entorno; convivir y respetar los árboles, las plantas y los animales, en un área natural protegida creada un año después de que ellos llegaron para quedarse.
Chiapas niega tener problemas con Veracruz
El gobierno de Chiapas precisó que con la Federación y con el vecino estado de Veracruz no se tiene conflicto por límites territoriales ni controversia legal alguna de otra naturaleza; sin embargo, se mantiene una defensa legal de una controversia presentada por el gobierno de Oaxaca.
Se trata de una referencia que se hace en el escrito con el que se dio respuesta a la controversia constitucional promovida por Oaxaca, en el sentido de que, el 7 de enero de 1902, Veracruz y Oaxaca celebraron un convenio para fijar sus límites entre los distritos de Choapán, Tehuantepec y Juchitán y los Cantones de Acayucan y Minatitlán, mejor conocido como Laudo Arbitral Baranda.
En dicho convenio, señalaron como punto trino para resolver su controversia de límites el cerro llamado de Los Martínez, precisando que ese punto trino lo fue única y exclusivamente para efectos de establecer los límites entre Veracruz y Oaxaca, mas no para Chiapas.
Ya que Chiapas no intervino en esa convención y, por lo tanto, no puede afectarle en sus intereses jurídicos. Lo anterior, en razón de que Oaxaca pretende poner como referente entre sus límites con Chiapas el cerro Los Martínez, cuando realmente no puede ser.
