CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) solicitó de manera formal al Senado que los bancos e instituciones financieras nieguen préstamos a los estados y municipios que carezcan de un registro de sus adeudos públicos, porque las instituciones crediticias deben ser corresponsables de impedir el sobreendeudamiento.
Además, los gobernadores expresaron al Senado su aceptación para que la nueva legislación les prohíba contratar créditos en el último año de gobierno, a fin de que no hereden problemas a sus sucesores.
“Proponemos que al llegar el último año de cada periodo de gobierno se fije una restricción a la contratación de deuda, que en ningún caso exceda los techos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente; la única salvedad para la contratación de deuda extraordinaria sería la necesidad urgente de atender contingencias por desastres naturales o casos de emergencia derivados de fuerza mayor, considerados explícitamente en las leyes sobre la materia”, precisó la Conago.
Aclaró que “la disponibilidad de recursos para atender desastres se vuelve un tema toral para las haciendas públicas locales, toda vez que éstas no cuentan con recursos presupuestarios suficientes para hacer frente a este tipo de contingencias. De ahí que el establecimiento de nuevas obligaciones financieras para atender esa eventualidad con recursos propios constituye, en la práctica, una fuerte presión adicional para las finanzas estatales.
“Consideramos que la constitución de un fondo para esos fines sea potestativo y no obligatorio, para las entidades federativas y que, en todo caso, a ese fondo concurra un porcentaje de los ingresos federales excedentes.”
De acuerdo con el documento entregado a las comisiones de Puntos Constitucionales, Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, en las que se procesa la reforma en materia de deuda de estados y municipios, los gobernadores coinciden en que deben aplicarse sanciones a los funcionarios estatales y municipales que incurran en actos de corrupción en el proceso de autorización de deudas.
Los gobernadores “asumimos que toda deuda pública contratada por estados, Distrito Federal y municipios debe estar debidamente registrada en los términos de la reforma constitucional y de las leyes, por lo que las instituciones crediticias deberán exigir siempre este requisito y dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito sobre cualquier solicitud de financiamiento que reciban.
“Los nuevos mecanismos destinados a fortalecer la transparencia en el uso de la deuda pública deben estar basados tanto en la plena rendición de cuentas, cuanto en la corresponsabilidad con el sistema financiero del país”, planteó el documento.
De esta forma, los gobernadores fijaron sus posición respecto a las propuesta de reforma constitucional y creación de una ley secundaria en materia de deuda de estados y municipios, en la que se observa que tienen una amplia coincidencia con la iniciativa presentada por el PRI-PVEM y trabajada en la Secretaría de Hacienda, pues no están dispuestos a que el Senado tenga facultades para autorizarles las deudas y avalarles la forma en que deben gastarla.
