CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo.- Con el aval de todos sus integrantes, la Mesa Directiva de San Lázaro envió ayer una fe de erratas al presidente del Senado, Ernesto Cordero, para aclarar el sentido de la votación de los diputados en el tema de la inmunidad presidencial.
En el texto, suscrito por el presidente de la Cámara, Francisco Arroyo Vieyra, y elaborado por el vicepresidente José González Morfín, se reconoció que el caso generó “una situación inédita” sobre la cual surgieron diferentes interpretaciones.
En el acuerdo, los diputados de la Mesa Directiva señalaron que “con el propósito decidido de contribuir a generar las mejores condiciones, y facilitar los consensos políticos y legislativos necesarios” para la tarea de los senadores, que ahora revisarán la minuta, decidieron emitir la citada fe de erratas.
El texto elaborado por el legislador del PAN González Morfín incluye el párrafo que suscitó la controversia entre la oposición, por considerar que su redacción cancelaba el debate en el Senado al dar por sentado que en San Lázaro se habían pronunciado por mantener vigente el fuero presidencial.
Sin embargo el tema no alcanzó la mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos en ningún sentido.
El texto decía: “Se reforman los artículos 61; 111, primero, actuales quinto, que pasa a ser sexto; séptimo y octavo párrafos; 112, primer párrafo; 114, segundo párrafo; se adiciona el artículo 111, con un segundo, tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual cuarto para ser quinto párrafo, y se derogan los actuales segundo, tercero y sexto párrafos del artículo 111, y el segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos”.
La fe de erratas incluye la siguiente corrección.
“Se reforman los artículos 61; 111; 112, primer párrafo; 114, segundo párrafo y se deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del IFE, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo”, se detalló en el texto.
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