CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto.- Incremento de la violencia en el país debido al narcotráfico, un bajo desarrollo productivo, el encarcelamiento de militares acusados de pertenecer al crimen organizado, la prueba ENLACE y los errores en los libros de texto gratuitos son sólo algunos de los problemas que la administración del ex presidente Felipe Calderón heredó al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien mañana enviará al Congreso de la Unión su Primer Informe de Gobierno.
En la presidencia de Calderón Hinojosa, la inseguridad se incrementó en todo el país, la guerra contra la delincuencia organizada arrojó más de 60 mil muertos, más de dos millones de mexicanos estaban sin trabajo al finalizar el gobierno anterior. Estos problemas, entre otros, quedaron como herencia para Peña Nieto.
Desaparecidos
La pasada administración elaboró una base de datos con la información de poco más de 26 mil personas desaparecidas, dicha información fue dada a conocer por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el mes de febrero.
Sin embargo, autoridades de la dependencia a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, revelaron que dicha base no será definitiva, debido a que se detectaron inconsistencias, por lo que será depurada a fin de conocer el número exacto de personas que se encuentran en esta situación.
De esta forma, la base de datos elaborada durante el gobierno de Felipe Calderón se convertirá en un punto de partida para la constitución de un registro nacional que habrán de integrar las instancias federales y locales, no sólo para identificar a quienes se encuentran ausentes, sino para elaborar y poner en marcha protocolos de búsqueda.
La base de datos cuenta con un registro de 26 mil 121 personas no localizadas, de las cuales 20 mil 915 están relacionadas con alguna averiguación previa, acta circunstanciada o carpetas de investigación y cinco mil 206 que se encuentran pendientes de validación de datos. La información corresponde de diciembre de 2006 a noviembre de 2012.
Militares
Fue a un mes de iniciado el nuevo gobierno, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se retractó ante un juez federal de las acusaciones realizadas en contra de diversos mandos militares, entre los que destaca el ex subsecretario de Defensa Tomás Ángeles Dauahare, quienes fueron acusados por la pasada administración de tener nexos con el crimen organizado, en concreto, con el cártel de los Beltrán.
Los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz fueron detenidos en agosto del año pasado y acusados por dos testigos protegidos de estar vinculados con el narcotráfico.
El 17 de abril, ocho meses después de haber sido encarcelados, los militares encabezados por Ángeles Dauahare fueron liberados al no comprobárseles las acusaciones que pesaban en su contra.
La evaluación reprobó
Con el objetivo de contribuir al avance educativo de cada estudiante, cada centro escolar y cada estado de la República, durante el último año de la presidencia de Vicente Fox fue creada la Evalución Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE); sin embargo, para el nuevo gobierno, el examen no tenía la misma importancia que tuvo para la administración calderonista en su momento.
El pasado mes de julio, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, anunció que para 2014 dejaría de aplicarse la prueba en todas las escuelas del país, aunque las evaluaciones continuarían, pero ahora a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Más de 117 errores de “diversos tipos” fueron localizados en los libros de texto gratuitos de la SEP destinado a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Tras criticar que el gobierno de Felipe Calderón haya descuidado la calidad de los libros, funcionarios aclararon que los errores se cometieron en la administración pasada, porque en diciembre, durante el cambio de gobierno, “los encontramos ya hechos”.
Economía a la baja
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), otro de los pendientes que dejó Felipe Calderón a Peña Nieto fue el poco crecimiento económico durante el sexenio pasado, lo que podría provocar en la actual administración una limitante para el desarrollo productivo del país.
“La realidad, en el gobierno (de Calderón) no existió una política integral en la que dicho objetivo se cumpliera, más aún, puede observarse que el mercado laboral continuó su ritmo de precarización: pérdida de prestaciones sociales e incapacidad para poder recuperar el poder adquisitivo de los salarios.”
Felipe Calderón en su último Informe habló sobre los temas pendientes que su sucesor tendría que enfrentar como la necesidad de reformas hacendaria y energética, redoblar esfuerzos en la depuración de corporaciones policiacas y el avance en el nuevo sistema penal, entre otros.
Algunos cambios fueron inesperados
La administración del presidente Enrique Peña Nieto, sucumbió ante las redes sociales y el escándalo derivado del caso #LadyProfeco, que terminó con la destitución de Humberto Benítez Treviño, como procurador Federal del Consumidor, apenas seis meses después de haber tomado posesión del cargo.
Lo anterior se ha convertido en un caso inédito, debido a que durante las tres administraciones pasadas, no había ocurrido nada similar, salvo el caso de Jaime Serra Puche, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Publico, durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, y quien dejó el cargo tras el llamado “error de diciembre”.
A diferencia de ese hecho, los gobiernos panistas no modificaron sus gabinetes hasta después de 12 meses, tanto Vicente Fox, como Felipe Calderón.
En el caso de Fox, los cambios en su llamado “Gabinetazo” llegaron a la mitad del sexenio; es decir hasta 2013, mientras que en el caso del presidente Calderón, los relevos llegaron un año después, con la salida de Francisco Ramírez Acuña, de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la llegada de Juan Camilo Mouriño, quien dejó la Oficina de la Presidencia.
Sin embargo, las redes sociales como Facebook y Twitter, no estaban tan difundidas como hoy en día, y algunas ni siquiera existían.
Mientras que el cese de Benítez Treviño tuvo que ver más con la campaña que se dio en las redes sociales, que de inmediato condenaron el hecho protagonizado por su hija y que a la postre fue tomado como un mensaje para todos los servidores públicos que tienen responsabilidad en el gobierno de la República.
Así lo señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado 15 de mayo cuando dio a conocer el cese de Benítez Treviño, como titular de la Profeco.
Decisión presidencial
Igualmente, el encargado de la política interior del país señaló que la decisión fue tomada por el presidente Peña Nieto, debido al daño que sufrió la imagen y el prestigio de la Profeco, tras el escándalo originado por el cierre de un restaurante en la Ciudad de México el pasado 26 de abril, luego de que la hija de Benítez Treviño así lo solicitara.
Osorio Chong dio cuenta del seguimiento que hizo sobre el caso la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño de los servidores públicos que participaron en el operativo que a la postre derivó en la clausura del local y por lo cual cuatro funcionarios de Profeco fueron suspendidos.
“Es importante destacar que estas investigaciones determinaron que el titular de la Profeco no ordenó, ni participó en los hechos y que en consecuencia no tiene responsabilidad administrativa en los mismos.
Sin embargo, el Presidente al considerar que este caso ha dañado la imagen y prestigio de la institución ha ordenado la remoción del cargo del procurador Federal del Consumidor.
“Esto, a fin de evitar que se vulnere la autoridad y eficacia de la Profeco ante prácticas que atentan contra los derechos de los consumidores del país”, señaló el titular de la Segob.
Igualmente hizo un reconocimiento a la trayectoria de Humberto Benítez Treviño en diferentes órdenes de gobierno y responsabilidades legislativas.
Una semana antes de su cese, Benítez Treviño había pedido una disculpa pública por el episodio protagonizado por su hija, Andrea Benítez, quien a la postre fue conocida como la Lady Profeco, en el restaurante Máximo Bistrot, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, debido a que tuvo problemas con la reservación que había hecho.
En esa ocasión, el todavía titular de la Profeco, señaló que no renunciaría al cargo debido a que él no había tenido nada que ver con los hechos, porque estaba convaleciente de un intervención quirúrgica en la cadera y que sus colaboradores actuaron por cuenta propia, lo que fue confirmado por las investigaciones realizadas y como lo señaló el secretario de Gobernación.
“El pasado día 28 de abril el Presidente de la República ordenó a la Secretaría de la Función Pública investigar los hechos ocurridos dos días antes, el 26 de abril, cuando personal de la Procuraduría Federal del Consumidor pretendió clausurar sin justificación aparente un restaurante en la colonia Roma de la Ciudad de México.
Derivado de esta instrucción, la Secretaría de la Función Pública comunicó el pasado 9 de mayo de este 2013 que servidores públicos de la Profeco actuaron de manera inmediata, sin cumplir los requisitos mínimos de urgencia para la atención de una denuncia anónima.
Sedesol resiste los primeros embates
El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto comenzó a tambor batiente en materia de política social con el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, identificada como la “estrategia estrella” del gobierno federal para combatir la pobreza extrema y la carencia alimentaria en la que viven 7.4 millones de mexicanos, que serán atendidos en una primera etapa en 400 municipios del país.
El esfuerzo encabezado por Rosario Robles Berlanga, nombrada como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), causó polémica desde el principio debido a la cercanía del proceso electoral en 14 estados y un municipio, donde el pasado 7 de julio se renovó una gubernatura, 441 diputaciones locales y mil 739 ayuntamientos.
Los señalamientos de que los recursos federales serían utilizados para beneficiar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se hicieron esperar. El 17 de abril, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero denunció el uso indebido de programas sociales con fines electoreros en Veracruz.
Con videos y fotografías en mano, el líder panista acusó al PRI de tener una “estructura paralela” encabezada por el gobernador del estado y 57 servidores públicos federales, estatales y municipales, así como funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE), encargados del Registro Federal de Electorales en la entidad para beneficiar a sus abanderados.
La exigencia del PRI y PAN fue la renuncia inmediata de Rosario Robles. La respuesta oficial fue el cese del delegado de la Sedesol en Veracruz y seis funcionarios más con el fin de que se realizaran las investigaciones correspondientes.
Ante la insistencia de partidos de oposición sobre la salida de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, el propio presidente Enrique Peña Nieto pidió a Robles Berlanga aguantar las críticas de “aquellos que están ocupados y preocupados por las elecciones.
“Rosario, no te preocupes, hay que aguantar”, dijo Peña Nieto al poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre en Chiapas, en un evento donde el invitado de honor fue el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
A lo largo del primer año de gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó con los 31 estados de la República Mexicana el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente - Cruzada Nacional contra el Hambre.
La única entidad del país que no ha formalizado su anexo a esta estrategia es el Distrito Federal, aun cuando el gobierno de Miguel Ángel Mancera y los jefes delegacionales de Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan ya establecieron mesas técnicas para hacer el “barrido” caso por casa para identificar a la población objetivo y definir las acciones a seguir.
Primeros resultados
La Cruzada Nacional contra el Hambre, que vincula 70 programas federales con una bolsa acumulada de 295 mil millones de pesos, tiene los primeros resultados tangibles en el estado de Guerrero, sobre todo en las dos localidades donde inició el 17 de febrero en su fase piloto, por lo que se espera que antes de que concluya 2013, Mártir de Cuilapan y la colonia Simón Bolívar, en el Puerto de Acapulco sean declaradas como “Municipios sin Hambre”.
En uno de los siete viajes que Rosario Robles Berlanga realizó este año al estado, considerado como prioritario para la estrategia insignia del gobierno federal, ofreció un balance de lo logrado en San Luis Acatlán, donde se distribuyeron alimentos a 12 mil 500 personas; se otorgaron más de 500 becas para educación básica; se afiliaron 512 personas al Programa Pensión para Adultos Mayores y se puso énfasis en el mejoramiento de la vivienda, con la colocación de mil 722 techos firmes y mil 123 pisos de cemento.
De igual forma, dos mil viviendas cuentan ahora con agua potable; 427 con drenaje y mil 290 con energía eléctrica, además de que están en marcha más de 900 proyectos productivos y se pagaron más de 23 mil jornales del Programa de Empleo Temporal.
Posteriormente, en las comunidades de Zentlixtlahuaca y Tierra Colorada, la titular de la Sedesol dio a conocer que en Guerrero, el Ejército mexicano no llegó con armas sino para instalar 500 comedores comunitarios.
“Hoy se respiran mejores tiempos gracias a la Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que de acuerdo con el reporte de avances, 600 personas más se benefician con leche fortificada Liconsa; se abrieron dos nuevas tiendas Diconsa; más de 800 niños y mujeres embarazadas recibieron suplementos alimenticios, y se han beneficiado casi 22 mil personas con la distribución de alimentos”, precisó.
Robles Berlanga agregó que 190 niños recibieron becas par estudiar la primaria y 20 para cursar la secundaria; 273 personas mayores de 65 años reciben el apoyo del Programa para Adultos Mayores, y se reforzaron 692 techos y coloraron 74 pisos firmes.
En cuanto al mejoramiento de las viviendas, hay casi mil viviendas más con drenaje, 188 con electricidad y 188 con fogones ecológicos.
Transparencia
En las últimas semanas, la Cruzada Nacional contra el Hambre se vio envuelta en un nuevo escándalo debido a que el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Sedesol realizar una búsqueda exhaustiva sobre los gastos que generó la visita de Luis Inácio Lula da Silva a México para respaldar la estrategia federal.
En diversas solicitudes de información ciudadanos y medios de comunicación, entre ellos Excélsior, solicitó el monto de lo erogado por el gobierno con motivo del viaje del ex presidente brasileño a nuestro país.
“No se ha cubierto honorario alguno al ex presidente Lula con motivo de su visita en el evento público de fecha 19 de abril relacionado con la Cruzada Nacional contra el Hambre. De igual forma, no se cubrieron por parte de esta Secretaría gastos de hospedaje, alimentación o transporte al ex presidente Lula”, respondió la Sedesol.
Al respecto, el comisionado presidente del IFAI, Gerardo Laveaga calificó como emblemática la postura de la Secretaría de Desarrollo Social, ya que refleja que el problema de la rendición de cuentas en México no es procesal, sino cultural.
“Como mexicano celebré que viniera Lula da Silva, es un hombre admirable y aplaudí que viniera a compartir sus experiencias, pero la Sedesol dice no tengo ninguna información, no sé cuánto costó, no sé dónde durmió, cuánto comió, no tenemos nada, y esto genera enorme suspicacia de parte de cualquier ciudadano”, señaló Laveaga.
