CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre.- Al filo de la 1:58 de la madrugada de este miércoles y por mayoría absoluta, - 94 votos a favor y 27 en contra- el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley General del Servicio Profesional Docente, la parte cardinal de la reforma del Artículo Tercero Constitucional, en materia educativa, anunció el presidente de la Cámara Alta, Raúl Cervantes Andrade.
A pesar de la oposición de la mayoría de los legisladores de izquierda, sus colegas del PRI, PAN, Verde y Nueva Alianza –además de siete senadores perredistas- avalaron este ordenamiento que entre otras cosas preserva a cabalidad los derechos laborales de todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional y crea para los de nuevo ingreso, condiciones mínimas para garantizar que puedan impartir a las nuevas generaciones “educación de calidad, a la altura del México de hoy y del futuro”.
PRI, PAN, PVEM y PANAL avalan con 102 votos la minuta
Casi a las 23 horas, con 102 votos positivos y 22 negativos, los senadores la habían respaldado en lo general. De inmediato y sin receso, procedieron a analizar si procedían o no 27 reservas a otros tantos artículos de la Ley. Por muy vehementes que fueron en su discurso los legisladores del PT, PRD y PAN, no convencieron al pleno que sin vacilaciones rechazaron en conjunto sus propuestas.
La Ley General del Servicio Profesional Docente está integrada por 83 artículos en el cuerpo legal y 22 artículos transitorios.
Los perredistas querían matizar más el contenido de la ley. Los panistas tenían el objetivo de hacerla más estricta, al quitarle algunas de las adiciones que hicieron en la Cámara de Diputados, para mantener textos originales en materia de permanencia en el sistema educativo y para que las evaluaciones de los maestros sean públicas para que las conozcan los padres de familia.
Después de cerca de 4:30 horas de discusión, a lo largo de las cuales se escuchó 32 intervenciones en tribuna, con discursos que se ubicaron en grupos.
Por una parte, los perredistas y petistas que una y otra vez hicieron la misma afirmación: los maestros no son los culpables de la crisis educativa del país; dijeron que la ley docente lesiona los derechos de los maestros, no soluciona el problema de la educación, es punitiva, amenaza la estabilidad laboral de los mentores, los deja indefensos y carece de la definición del modelo educativo que se busca para el país.
Defensa de la iniciativa
Los priistas, panistas, verdeecologistas y Mónica Arriola, de Nueva Alianza, hija de la maestra Elba Esther Gordillo, argumentaron que la ley no lesiona los derechos de los maestros; no atenta contra ellos, ni les genera inestabilidad, como tampoco los somete a una dinámica punitiva.
Voto en favor, porque quiero dar un voto de confianza de que la reforma puede dar pauta a una educación de calidad (…) Esta nueva ley, compañeros, combaten los vicios que históricamente no han dejado que se reconozca el trabajo de los maestros y les impide superarse”, expresó Isidro Pedraza, el primer perredista que subió a tribuna para pedir el voto en respaldo a esta reforma.
Momentos antes, Luisa María Calderón, del PAN, y Fidel Demédicis, del PRD, mostraron con un diálogo la incompatibilidad de las dos posiciones que se mostraron durante largas horas en el pleno del Senado.
Demédicis decía en tribuna que la ley docente impedirá a los maestros formar ciudadanos críticos; provocará que los niños sean autómatas, dóciles al poder. Terminó su intervención y Luisa María Calderón le solicitó, a través del presidente Raúl Cervantes, permitirle hacer una pregunta.
La panista leyó una noticia que hace referencia del robo de cuatro camiones por parte de estudiantes normalistas de Michoacán. Le preguntó con qué método estudian esos maestros normalistas y si ese es el método de aprendizaje que le enseñarán a los niños para ser reflexivos.
Difícilmente, compañera senadora, usted entendería de teorías pedagógicas liberadoras como las de Paulo Freire, y difícilmente, porque usted es conservadora… hay que conocer las causas, la forma puede ser criticable, pero hay que conocer las causas”, le contestó Demédicis.
Conforme pasaron las horas, los discursos en contra, y en favor fueron más fuertes hacia el oponente. Marco Antonio Blásquez, por ejemplo, le lanzó a Luisa María Calderón que ella está en el Senado, como “producto de un fraude electoral”; ella reprochó los argumentos falaces que no llevan a nada en un debate parlamentario, mientras el coordinador de los panistas, Jorge Luis Preciado, la defendió en tribuna.
FESTEJO EN SEP.
El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, afirmó que con la nueva Ley Docente se terminó la herencia y venta de plazas.
En su oportunidad, Manuel Bartlett, senador del Partido del Trabajo, expresó que la reforma sólo se limita a ser “sancionadora”.
El legislador del Verde Gerardo Flores expuso que con el cambio se parámetros para identificar y establecer mecanismos para evitar la pérdida de clases y de los llamados comisionados sindicales, pues se ahorrará en el pago de sus salarios.
En la tribuna, los oradores en contra fueron mayoría. Sus voces se escucharon 17 veces. Pero aunque en la tribuna las voces en favor se escucharon 15 veces, sus protagonistas tuvieron la mayoría de los votos. El respaldo a la ley docente en lo general fue de casi cinco a uno; y esa misma votación frenó gran parte de las propuestas de cambio.
Zambrano: el domingo se pactó con CNTE
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, aseguró que los dirigentes del magisterio disidente, “pactaron el domingo pasado para que se incorporaran sus propuestas”, previo a la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados, misma que ya se encuentra en el Senado.
Se incorporaron propuestas de ellos, pero nunca lo van a reconocer”, porque, dijo esta es una manera de mantener vivo el movimiento, “y se respeta”.
Dijo que el magisterio disidente “en realidad no está diciendo la verdad, o por lo menos no una parte importante de la verdad, que ellos plantearon cosas ante la propia Secretaría de Gobernación y con el propio secretario”, y se incluyeron en las leyes secundarias de la Reforma Educativa.
El dirigente perredista llamó a los dirigentes de la Coordinadora a aceptar que “en la negociación sobre dichas reformas hay que poner las coincidencias por delante” y que en una negociación plural nadie va a quedarse con el ciento por ciento.
“Quitaron discrecionalidad”
Las modificaciones hechas a la Ley de Servicio Profesional Docente en atención a las demandas de la CNTE le quitara la parte “agresiva” y los márgenes de discrecionalidad que tenía la autoridad para sancionar.
Desde esa perspectiva, el vicecoordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, justificó que el addendum avalado la noche del domingo en San Lázaro “establece con toda claridad” que las evaluaciones de los profesores estarán protegidas como datos personales y no podrán hacerse públicas, aun cuando sean requeridos o reclamados por el IFAI.
Impulsor de la idea de que el dictamen original se eliminara de la agenda del anterior periodo extraordinario, el legislador perredista sostuvo, en entrevista, que difundir los exámenes de los profesores conllevaría el riesgo “de entrar a un proceso de denigración del personal”.
Alonso Raya alegó que un proceso de esa naturaleza no ayudaría al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) ni al Sistema Profesional Docente a corregir debilidades y fallas. “Necesitábamos proteger eso”, planteó.
Consideró que en el reclamo de la organización Mexicanos Primero por la eliminación de esas características del proceso hay un morbo injustificable. Y en referencia al presidente de esa asociación civil, el diputado comentó: “Que me perdone Claudio X. González, pero no tienen razón”.
Para el ex dirigente del magisterio disidente, los ajustes formulados a la ley le garantizan al sector mayor certeza en su trabajo y en el respeto a sus derechos.
AJUSTE.
El legislador perredista Alonso Raya dice que los dirigentes deben bajar el asunto a sus agremiados.
Resumió en cinco aspectos las modificaciones que se le hicieron a la minuta original de la Ley de Servicio Profesional Docente: 1) se estableció que el nombramiento definitivo de base será indeterminado; 2) se garantiza el apego a la ley laboral vigente y a sus derechos, con el agregado de que la evaluación es una obligación como mecanismo de actualización; 3) en los exámenes se dará preferencia a los egresados de las escuelas normales; 4) en entidades como Oaxaca y Michoacán el examen se aplica a partir de 2015, y 5) las entidades canalizarán recursos para el fortalecimiento de la enseñanza normal.
Sobre la forma en que la CNTE ha reaccionado a la aprobación de la reforma, pese a que incluye respuestas positivas a sus demandas, Alonso Raya comentó que se trata de una estrategia de la Coordinadora “para poder ver cómo bajan el asunto” a sus agremiados.
Dijo que ahora corresponde a los dirigentes trabajar para “hacer que la gente valore eso” y concretar acuerdos que cada sección debe desahogar con las autoridades estatales.
Se le preguntó si la ausencia de Elba Esther Gordillo, ex presidenta del SNTE, pesó en esta coyuntura, profundizando las dificultades para saldar los reclamos magisteriales.
No es el asunto de Gordillo, sino del papel que debiera estar jugando el SNTE, a la ofensiva, como un sindicato con propuesta. El SNTE debió desempolvar la parte de la propuesta educativa y la reivindicación de un sindicato”, respondió.
En julio de 2014 arranca evaluación
Será en julio de 2014 cuando la evaluación se convierta en el requisito para el ingreso y permanencia de los maestros frente a grupo y en 2015 cuando cualquier profesionista pueda concursar por una plaza en enseñanza básica, a fin de dar oportunidad al sistema de adecuarse a las nuevas reglas y atender a las generaciones de las Normales que ya cursan la carrera, antes de su rediseño.
Así lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, con los cambios que realizó la Cámara de Diputados, avalados por el Senado, y que ordena la creación de un organismo dentro de la SEP al que facultará para ejercer las atribuciones en materia del Servicio Profesional Docente, así como la permanencia de la Carrera Magisterial por un máximo de dos años más.
Ante la inquietud expresada por la directora general del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, se dispone que “en la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación aplicables al Personal Docente y al Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, en la Educación Media Superior impartida por el Instituto Politécnico Nacional deberá considerarse la normatividad propia de dicho Institución”, precisa la nueva Ley en su régimen transitorio.
Quitan control de plazas
Además de quitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el control de las plazas, las promociones y los estímulos; prohibir la venta y herencia de plazas; despedir a los maestros que se nieguen a la evaluación o a tomar los cursos de capacitación, o si se ausentan sin justificación tres veces al mes, la nueva Ley obliga a los gobiernos de los estados a hacer público el tamaño de su nómina magisterial, amén de que ordena el no pago a quien tome una comisión sindical o cualquier ocupación que le impida dar clases.
Dentro de los 90 días siguientes al inicio de la vigencia de esta Ley, los gobiernos de los estados entregarán a la Secretaría el analítico de plazas del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y Supervisión en la Educación Básica y Media Superior. Lo anterior para efectos de que la Secretaría concilie información con la participación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponda en términos de las disposiciones aplicables”, dice el transitorio décimo sexto.
El último artículo transitorio señala que el artículo 24, referente a los concursos de oposición para la asignación de plazas de nuevo ingreso, entrará en vigor dos años después de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación; “entre tanto, las convocatorias para concursos de oposición para el Ingreso a la Educación Básica serán sólo para los egresados de las Normales y sólo en el caso de que no se cubran las vacantes mediante dichos concursos, se emitirán convocatorias abiertas.
Sistema de información
Ordena, también en el régimen transitorio, que dos años después de la entrada en vigor de la ley; es decir, a más tardar en septiembre de 2015, “deberá estar en operación en todo el país el Sistema de Información y Gestión Educativa que incluya, por lo menos, la información correspondiente a las estructuras ocupacionales autorizadas, las plantillas de personal de las escuelas y los datos sobre la formación y trayectoria del personal adscrito a las mismas”.
FIN A LA OPACIDAD.
Los gobiernos estatales están obligados a publicar la nómina y el nombre de los comisionados.
También dispone en el régimen transitorio que el programa Carrera Magisterial continuará en funcionamiento hasta que entre en vigor el nuevo programa de capacitación y superación, y que deberá estar totalmente listo en mayo del 2015; aunque la SEP puede hacer ajuste de los factores, puntajes e instrumentos de evaluación de Carrera Magisterial y, en general, realice las acciones que determine necesarias para transitar al nuevo programa.
En los transitorios Quinto y Sexto dispone el periodo en que entrará en operación la lógica de la evaluación como el único criterio para el ingreso, permanencia y ascenso de los maestros.
“Conforme a las disposiciones de esta Ley, el Instituto, la Secretaría, las autoridades educativas locales y los Organismos Descentralizados deberán realizar durante el mes de julio del año 2014 los concursos para el ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior.
Dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el Instituto deberá publicar un calendario en el que se precisen las fechas, plazos o ciclos escolares durante los cuales se tendrán, conforme a las disposiciones de esta Ley, debidamente implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación que para cada tipo educativo se establece en la Ley”, precisa.
Los procedimientos
Mientras se regularizan los procesos de evaluación “los procedimientos y los dictámenes escalafonarios quedarán supeditados a las fechas o plazos que para la promoción se establezcan en el calendario que publique el instituto, conforme a lo previsto en el artículo anterior”.
La ley ordena que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del Servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
