
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma política con 409 votos a favor de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza y algunos diputados del PRD; Hubo 69 votos en contra de la mayoría de los legisladores del PRD, además de PT y Movimiento Ciudadano.
La minuta apenas había sido recibida del Senado de la República el miércoles y se aprobó con mínimas adecuaciones, por lo cual regresa a la cámara de origen nuevamente, antes de ser turnada a los congresos locales.
La reforma aprobada valida la reelección de senadores y diputados federales para que completen 12 años en el cargo; los gobiernos de coalición optativos para el Presidente de la República.
Se aceptó que los sexenios inicien ahora el 1 de octubre y no el 1 de diciembre, así como la anulación de las elecciones federales cuando un partido o coalición rebasen en más de 5% el tope de los gastos de campaña.
Asimismo, se aprobó la transformación de la PGR en Fiscalía General de la República, así como la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la desaparición del IFE, que será sustituido por el Instituto Nacional de Electoral.
Antes, La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de las Leyes de Consulta Ciudadana; Derecho de Réplica y de Iniciativa Ciudadana y Preferente, conocidas como Cartas “Ciudadanas”.
Así, la Cámara de Diputados desahoga la agenda política, con el objeto de abrir espacios para que en los siguientes días reciba la Reforma Energética que se trabaja en el Senado de la República, también a marchas forzadas.
Los diputados del PRD, Fernando Belaunzarán y Lizbeth Rosas dijeron que con la aprobación de la Ley de Consulta Ciudadana, ya no hay pretexto para no someter a referéndum la Reforma Energética, que es tema de controversia.
La diputada Amalia García, también del PRD, explicó que la Consulta Ciudadana será vinculante, es decir, que el Legislativo deberá respetar la decisión de los ciudadanos cuando en el ejercicio participe más del 40% del padrón electoral.
La Ley de Derecho a Réplica obligará, por su parte, a los medios de comunicación, a otorgar esta prerrogativa cuando se haya difamado o atacado a ciudadanos o actores políticos en los espacios informativos, como señaló el diputado del PAN, Alfredo Rivadeneyra.
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