VILLAHERMOSA, 12 de diciembre.- El Congreso local autorizó al gobierno del estado para que contrate uno o varios empréstitos con bancos de desarrollo hasta por mil 30 millones de pesos, en un plazo no mayor a 20 años.
De acuerdo con el dictamen aprobado en el pleno, el crédito deberá ser utilizado para refinanciar parte de la deuda pública estatal.
Asimismo, se usará para cubrir cualquier erogación que esté directamente relacionada con la operación, como constitución de reservas, pago de comisiones, cobertura de tasas de interés, honorarios fiduciarios, de calificadoras y cualquier otro gasto que genere la estructuración y contratación del o de los créditos.
Precisó que deberá ser destinado para refinanciar al contrato de apertura de crédito simple celebrado el 13 de diciembre de 2012.
Cuyo saldo insoluto al 1 de septiembre de 2013 ascendía a la cantidad de mil millones de pesos, todo ello en apego a lo establecido a las constituciones federal y local, Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; y Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público".
Asimismo, se autorizó a que se afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas a los financiamientos que se contraten con dicha autorización.
El derecho y los ingresos de recursos derivados en hasta 3.8 por ciento de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al estado de Tabasco, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones".
Lo anterior, abundó, en el entendido de que una vez que se concrete la operación del refinanciamiento, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, deberá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ello, con la finalidad de que se cancele el registro al crédito refinanciado y se liberen las participaciones afectadas a dicho pasivo.
Por lo tanto, se autoriza para que la Secretaría de Planeación y Finanzas celebre, emplee o modifique cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el mecanismo para instrumentar la afectación en garantía de los derechos e ingresos.
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