WASHINGTON, 13 de abril.– La euforia sobre la casi certidumbre de un acuerdo en torno a una propuesta de reforma migratoria es temperada ahora por preocupaciones en torno a sus detalles.
La propuesta como tal será divulgada el martes por la llamada “pandilla de los ocho”, compuesta por cuatro senadores demócratas y cuatro senadores republicanos.
De acuerdo con fuentes informadas, uno de los puntos más importantes es el acuerdo para que el 31 de diciembre de 2011 sea la fecha de llegada límite para que un indocumentado pueda ser considerado para un eventual camino a la legalización o la ciudadanía que podría tomar tanto como diez años.
La legalización podría ser disparada o suspendida por la percepción de seguridad fronteriza, que sería determinada por métodos que presuntamente determinarían la situación.
Políticamente, sin embargo, la atención está en las apariciones que el senador republicano Marco Rubio, uno de “los ocho” hará el domingo en programas periodísticos de televisión para adelantar sus opiniones en torno a la legislación y la forma en que se espera desarrollar el proceso.
Uno de los puntos importantes se encuentra en la forma en que se espera analizar el documento, que según varias versiones tiene más de un millar de páginas y que muchos republicanos desean sea examinada por partes, tanto como una forma de presionar con los tiempos como para introducir modificaciones que consideren convenientes.
En todo caso, los demócratas y el gobierno del presidente Barack Obama parecen preparados para el debate.
De entrada, la tesis oficial afirma que la frontera con México es más segura que nunca, aunque grupos republicanos y la organización sindical de Agentes de la Patrulla Fronteriza han expresado reparos.
Chris Crane, presidente del Consejo Nacional de la Policía de Aduanas y Migración, denunció que sus miembros son “excluidos” de la discusión de la ley.
Asimismo, existe preocupación de que los compromisos incluidos en la propuesta senatorial puedan ser políticamente importantes, para un acuerdo, pero acaben por excluir a muchos indocumentados.
“El hecho es que el imperativo político (para la reforma) viene de los votantes latinos e inmigrantes que quieren una reforma que sea humana para los 11 millones de personas (indocumentadas) que están aquí y que les dé la oportunidad de vivir en igualdad y dignidad... Ése es el centro del debate”, comentó Frank Sharry, director ejecutivo del grupo promigrantes “Americas Voice”.
La preocupación es tanto mayor por cuanto cualesquier legislación deberá ser aprobada también en la Cámara de Representantes, donde otro grupo de trabajo elabora una versión propia que puede diferir en detalles importantes de la propuesta senatorial y donde probablemente se necesitarán nuevos compromisos.
De hecho, es en la Cámara baja donde se esperan los principales obstáculos, provenientes, sobre todo, de los grupos más conservadores de la mayoría republicana.
