
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril.- México es un país inapropiado para la primera infancia. Anualmente ocurren 30 mil muertes que pudieron ser evitadas de niñas y niños entre cero y cinco años de vida.
Esto significa que cada día se pierden 82 vidas por la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la salud.
Esta es la conclusión de los especialistas frente al Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana 2012, elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
En su presentación, especialistas y activistas en derechos humanos alertaron que el descuido en torno a los primeros años de vida se caracteriza por la
desigualdad y la violencia.
Los mexicanos de ese rango de edad que habitan en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Tlaxcala sufren la vulnerabilidad de sus derechos y afrontan riesgos de morir (por falta de servicios adecuados de salud y por desnutrición) tres veces más que la misma población en Nuevo León, Distrito Federal y Coahuila.
La población examinada por CEIDAS suma 13 millones de niños de entre cero y cinco años.
Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social y consultora especializada del tema para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, advirtió que los hospitales y clínicas con niños golpeados acumulan expedientes que en su mayoría responden a menores de cinco años.
En el caso del abuso sexual, la especialista señaló que el promedio de edad de las víctimas es 5.6 años, y en 80 % de los casos ocurrieron en la familia.
Nashieli Ramírez Hernández aseguró que las políticas públicas centradas en la primera infancia representan inversiones sociales garantizadas.
“Por cada dólar que inviertes en esa etapa, se estarán ahorrando hasta 17 dólares que después tendrán que asignarse para atender a la adolescencia”, comparó.
Destacó la especialista que está comprobado que en la infancia temprana se forma la estructura del cerebro, los cimientos del desarrollo físico y de las emociones.
Advirtió de las graves consecuencias que entraña la espiral de violencia que la población infantil sufre en algunas regiones del país.
“La violencia extrema tiene los mismos efectos en el desarrollo neurológico que la desnutrición”, señaló la también consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Ramírez Hernández cuestionó que aún no se penalice en las leyes mexicanas el castigo corporal hacia los niños, práctica generalizada a la que se le otorgan supuestos fines correctivos.
En el plano educativo la inequidad es tal que sólo 10 % de esta población recibe educación inicial.
Ramírez Hernández se pronunció por impulsar una nueva agenda de desarrollo con metas globales sustentadas en un enfoque de los derechos humanos y en la lucha contra la desigualdad.
“En el centro de esta agenda de desarrollo amplia se encuentra la erradicación de la pobreza. Una lección aprendida de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que la pobreza es un fenómeno multidimensional que no puede abordarse sólo dentro de una agenda que busque el mínimo esfuerzo. En este sentido, la erradicación de la pobreza exige inversiones y desarrollar políticas que vayan más allá de un enfoque “pro-pobres”; requiere el establecimiento de las condiciones, inversiones y políticas públicas necesarias para proveer bienestar a miles de millones de personas para abordar la erradicación de la pobreza es necesario el desarrollo sostenible”, expuso la experta.
Saúl Arellano, de CEIDAS, definió el Índice de los derechos de las niñas y los niños de cero a cinco Años“como un instrumento que permite estimar el grado medible de incumplimiento de sus derechos”.
Este ejercicio toma como base la metodología utilizada en la construcción del primer índice de los derechos de la niñez (Unicef, 2004).
El especialista resumió así las conclusiones del índice:
“México sigue siendo un país inapropiado para la infancia, particularmente para los que tienen de cero a cinco años. Es un país profundamente desigual, en los estados de Guerreo, Oaxaca, Chiapas, Puebla e Hidalgo, donde el índice es hasta tres veces menor en comparación con Coahuila (6.5) y el DF (6.2). Es un país profundamente violento”, subrayó.

